Coralia Lebron
Por Francisca María Jiménez, periodista y directora de herrerafarandula.net
En tiempos donde la libertad de expresión constituye un pilar indispensable para toda democracia resulta preocupante que surjan iniciativas legislativas que bajo la promesa de orden y regulación, puedan abrir la puerta al control del discurso público y a la censura de algunos medios de comunicación.
El reciente proyecto de ley sobre medios y expresión, presentado en nuestro país, ha provocado un intenso debate. Mientras sectores oficialistas lo aplauden como una herramienta para “proteger a la ciudadanía” frente a la desinformación y fomentar una “comunicación responsable”, algunos periodistas nos preguntamos: ¿cuáles son los verdaderos riesgos que implica esta propuesta para la libertad de prensa?
En una nación donde opinar puede costar el empleo o la reputación, hablar de una nueva Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales es como destapar una caja de Pandora. ¿Estamos ante un verdadero avance democrático o frente a una estrategia de concentración del poder disfrazada de modernización?
Sobre el papel, la propuesta parece positiva: garantiza libertad de expresión sin censura, acceso universal a Internet, protección para periodistas y regulación de plataformas digitales. No obstante detrás del lenguaje moderno e inclusivo, cabe preguntarse: ¿se tratará de una herramienta para controlar el flujo informativo?
El uso de términos como “moderación de contenidos” y “regulación de plataformas digitales” enciende las alarmas. ¿El objetivo es proteger al periodista y dueño de medios digitales o limitar su trabajo? ¿Se busca realmente combatir la desinformación o acallar las voces disidentes? ¿Quién tendrá la autoridad de decidir qué contenido es aceptable y cuál no?
La ley reconoce derechos fundamentales como la cláusula de conciencia y el secreto profesional, tal como lo establece la Ley núm. 38-24 del 15 de agosto de 2024. Sin embargo, resulta inquietante que en la práctica, muchos periodistas continúen siendo agredidos por ejercer su labor. ¿De qué sirve el reconocimiento legal si no existen garantías reales para su cumplimiento?
El verdadero peligro no está solo en el texto de la ley, sino en su posible mal uso. Ya conocemos cómo las buenas intenciones normativas pueden convertirse en instrumentos de represión cuando se aplican con doble moral.
Si realmente aspiramos a una sociedad libre, participativa y democrática, debemos impedir que esta legislación se transforme en un mecanismo para premiar a los medios afines y castigar a los críticos. No se trata de rechazar toda forma de regulación, sino de garantizar que esta no atente contra los principios que como nación hemos luchado por defender.
La libertad de expresión no puede convertirse en un privilegio condicionado; debe seguir siendo un derecho inalienable.
